Federación Fauna

MITECO no informa sobre el paradero de 76 tortugas gigantes de Aldabra decomisadas: FAUNA reclama ante el Consejo de Transparencia

FEDERACIÓN FAUNA · federacionfauna.org
DENUNCIA — Badajoz, 10 de julio de 2026

Federación FAUNA ha denunciado ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el silencio administrativo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que lleva meses sin informar sobre el estado de salud y el paradero actual de 76 tortugas gigantes de Aldabra decomisadas en 2019 en el aeropuerto de El Prat. Se trata de una especie muy cotizada en el comercio legal e ilegal, cuyos ejemplares pueden alcanzar varios miles de euros. La información sobre su paradero, según el propio Real Decreto 1333/2006, tiene además carácter público por ley.

En abril de 2019, la Guardia Civil intervino en el aeropuerto de El Prat un cargamento de 76 ejemplares de tortuga gigante de Aldabra, procedentes de un intento de contrabando desde Seychelles. Según informó en su momento El Nacional (https://www.elnacional.cat/es/sociedad/fiscalia-pide-5-anos-medio-de-prision-acusado-contrabando-76-tortuges-seychelles_949056_102.html), la fiscalía llegó a solicitar cinco años de prisión para el acusado. Los animales fueron trasladados inicialmente al Zoo de Barcelona y al Centro de Recuperación de Anfibios y Reptiles de Catalunya (CRARC) de Masquefa, y posteriormente repartidos entre varios centros: la Reserva zoológica Oasys Minihollywood de Almería, el centro de recuperación ARCO de Almería, la Fundación Neotrópico de Tenerife, el Zoológico de Jerez de la Frontera, Indalexotic de Almería y el Parque de las Ciencias (Biodomo) de Granada.

No es un decomiso menor. La tortuga gigante de Aldabra (Aldabrachelys gigantea) es una de las especies de quelonio terrestre más cotizadas del mercado, tanto legal como ilegal. En el comercio autorizado con documentación CITES, una cría puede costar ya varios cientos de euros, y un ejemplar semiadulto de buen tamaño supera con facilidad los 3.000 euros. Un lote de 76 ejemplares, muchos de ellos ya crecidos, representa por tanto un valor económico considerable, lo que explica el atractivo de esta especie para las redes de tráfico de fauna y hace aún más relevante conocer con precisión qué ha sido de cada uno de los animales incautados.

Han pasado siete años desde la incautación. Federación FAUNA quiso saber algo tan básico como cuántos de aquellos 76 animales siguen vivos hoy, en qué centros se han producido fallecimientos si los hubiera, cuál ha sido el destino de los cadáveres, y si —una vez resuelto el procedimiento penal instruido por el Juzgado de Instrucción n.º 5 de El Prat de Llobregat— los ejemplares supervivientes permanecerán en España o serán repatriados a Seychelles.

El 20 de febrero de 2026, FAUNA presentó una solicitud de acceso a la información a través del Portal de la Transparencia, al amparo de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La respuesta del Ministerio no fue la información solicitada, sino un desvío administrativo: mediante resolución de la Secretaría General Técnica de 26 de febrero de 2026, la solicitud fue inadmitida a efectos de la Ley 19/2013 y trasladada de oficio a la Oficina de Información Ambiental (OIA) del propio MITECO, para tramitarse en su lugar por la Ley 27/2006, de acceso a la información en materia de medio ambiente. Ninguna razón aparente justificaba ese cambio de vía en el contenido de la propia solicitud. Se registró con el número N.º Ref. OIA: 0698/2026 LSR-T499098.

A partir de ahí, silencio. Transcurrido el plazo legal de un mes sin respuesta, FAUNA reclamó por escrito a la OIA el 30 de marzo de 2026. La contestación fue una fórmula administrativa: se informaba de que se había trasladado la reclamación a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación "al objeto de que le faciliten la contestación que en su caso proceda". La misma respuesta, palabra por palabra, se repitió tras nuevas reclamaciones de FAUNA el 21 de abril y el 28 de abril de 2026. En ningún momento la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación llegó a responder sobre el fondo del asunto.

Ante la inacción prolongada del Ministerio, Federación FAUNA presentó el 12 de mayo de 2026 una reclamación formal ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, solicitando la tutela de su derecho de acceso a la información pública. Se registró con el número 1524/2026.

Conviene subrayar un dato legal que el propio Ministerio parece haber pasado por alto: el artículo 4 del Real Decreto 1333/2006, la misma norma que regula el destino de los especímenes CITES decomisados —y que MITECO invoca para justificar la custodia de estas tortugas—, establece expresamente la creación de un Registro de especímenes CITES intervenidos "de naturaleza administrativa y carácter público". No se trata, por tanto, de información sensible ni reservada: la propia norma que ampara la actuación del Estado sobre estos animales declara que el registro de su situación es información pública por definición.

A esto se suma un argumento de fondo que FAUNA ya expuso en su reclamación ante el Consejo de Transparencia: la Ley 27/2006 no es una ley cualquiera, sino la transposición al ordenamiento español del Convenio de Aarhus, un tratado internacional que impone a España obligaciones de rango superior a las de una ley ordinaria. Esa misma ley contempla expresamente, en su articulado, el uso de medidas coercitivas para garantizar que las unidades responsables cumplan con las solicitudes de información ambiental. Es decir: el propio marco legal que el Ministerio eligió para tramitar esta solicitud —desplazándola de la Ley de Transparencia— es más exigente en materia de plazos y cumplimiento, no menos.

El resultado, siete años después de la incautación y quince meses después de la primera solicitud de información, es que ni una sola de las preguntas de FAUNA ha sido respondida: no sabemos cuántas de las 76 tortugas siguen vivas, no sabemos qué ha pasado con las que puedan haber muerto, y no sabemos si las supervivientes seguirán en España o volverán a Seychelles.

Desde Federación FAUNA consideramos que este caso ilustra un problema que trasciende el de estos 76 animales concretos: una Administración que reclama para sí la potestad de decomisar, custodiar y decidir el destino de fauna protegida y económicamente valiosa, pero que se resiste sistemáticamente a informar sobre el ejercicio de esa misma potestad, aun cuando la ley declara expresamente pública esa información. Seguiremos informando de la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en cuanto se produzca.