Federación Fauna

El Gobierno regula lo que no ha contado: FAUNA exige la retirada del borrador del Real Decreto del listado positivo de animales de compañía

* Al final de la entrada podréis encontrar un modelo de alegaciones al borrador, una nota de prensa para medios y un informe sobre apoyos al listado positivo. 

Las organizaciones que llaman a la calma —ANDA y AAP— son los brazos ejecutores en España de una campaña de lobby europea planificada desde 2019. Las que firmaron el comunicado de apoyo están fuertemente financiadas por los mismos ministerios que promueven la norma.

La Federación de Asociaciones Unidas por la Naturaleza y los Animales (FAUNA) rechaza la continuación del proceso de elaboración del Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el Listado Positivo de Animales de Compañía y exige su retirada. No se trata de un texto mejorable con aportaciones parciales. Se trata de un borrador construido sobre datos que el propio Gobierno no ha verificado, que incumple jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que ha sido diseñado para ejecutar una estrategia de lobby previamente acordada, no para evaluar qué es mejor para los ciudadanos, los animales y la naturaleza española.

Un Gobierno que legisla sin saber lo que hay en los hogares españoles

El Gobierno asumió sin crítica datos discrepantes procedentes de varias fuentes —principalmente FEDIAF, la Federación Europea de la Industria de Alimentos para Animales de Compañía— sin molestarse en elaborar una estimación propia. Para una medida de esta gravedad, eso no es un descuido metodológico: es una decisión.

El ejemplo más revelador está en los animales de terrario. La Memoria de Análisis de Impacto Normativo del borrador recoge 1.488.000 como cifra de animales afectados. Ese número no son animales: son terrarios, es decir, instalaciones. El Gobierno tenía a su disposición una operación de cálculo trivial para advertirlo. En el Reino Unido, los datos FEDIAF registran un número de terrarios similar al español; una encuesta directa a hogares realizada por las propias entidades del sector arrojó 8,8 millones de reptiles y anfibios individuales. Aplicar esa misma proporción a España transforma los 1.488.000 terrarios de la memoria en entre 5,9 y 10,5 millones de animales individuales. El Gobierno podía haber hecho ese cálculo.

Entre cuatro y nueve millones de animales que sencillamente no aparecen en el expediente. Animales reales, en hogares reales, con propietarios reales.

España no ha realizado ninguna encuesta nacional directa a los hogares. Ha asumido que los datos eran suficientes. No lo son, y la diferencia no es un matiz estadístico: es el tamaño real del problema que este Real Decreto va a crear.

Ineficaz, desproporcionado e incompatible con el Derecho europeo

El borrador equipara en su tratamiento a los animales capturados en la naturaleza y a los criados en cautividad durante generaciones con documentación CITES acreditativa. Esta distinción no es un tecnicismo: es la base de la que parte la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evaluar la proporcionalidad de este tipo de restricciones. Ignorarla no simplifica el texto; lo expone a impugnación.

El precedente doméstico más cercano lo ilustra perfectamente la pitón real: la serpiente más popular del hobby en el mundo desde hace décadas, prohibida en España en 2019 por invasora pese a no existir ni una sola cita científica de poblaciones asentadas en territorio nacional. Había varias decenas de miles en España. En la Comunitat Valenciana —una de las comunidades más pobladas del país—, en el plazo habilitado para regularizar su tenencia, se presentaron exactamente siete. La gente, sencillamente, no hizo ni caso. La prohibición percibida como ilegítima no produce cumplimiento: produce opacidad. Los animales no desaparecen; desaparecen del sistema, dejan de ir al veterinario y dejan de generar trazabilidad. El bienestar real se deteriora mientras la estadística oficial mejora.

Con una subestimación de millones de animales en el expediente, las comunidades autónomas —a quienes el borrador traslada toda la carga de gestión— se enfrentarían desde el primer día de vigencia del listado positivo a un volumen de expedientes para el que no tienen personal, sistemas de registro ni centros de acogida. La memoria califica este impacto de «no significativo». Es una estimación que solo es sostenible si se asume, de antemano, que nadie va a cumplir la norma.

Lo que Alemania eligió y la memoria declaró inexistente

La memoria afirma que «no existen alternativas» al modelo de lista positiva. En Alemania, cuando el Gobierno planteó una propuesta similar, la respuesta de las cámaras veterinarias federales, de la mayor sociedad herpetológica del mundo, de los zoológicos institucionales y de las asociaciones de protección animal fue presentar una alternativa detallada, técnicamente fundamentada y ya operativa en otros ámbitos: la Sachkunde, la acreditación de competencia del tenedor. No se presume la peligrosidad de la especie; se certifica que el propietario tiene los conocimientos para manejarla responsablemente. Es la misma lógica que un carné de conducir.

Son, además, estos mismos actores alemanes —zoos, herpetólogos, veterinarios— quienes en 2019 pusieron en marcha Citizen Conservation, el programa de conservación ex situ más ambicioso de Europa continental, que gestiona más de cincuenta especies amenazadas en redes de criadores privados con libros genealógicos y protocolos científicos. Entre esas especies figura una salamandra del Sistema Central español. Un criador privado alemán conserva hoy una especie amenazada ibérica porque en Alemania se entendió que los criadores son parte de la solución, no del problema. El listado positivo español hace exactamente lo contrario. Esta incompatibilidad no aparece en ninguna página de la memoria.

La alternativa alemana no existe para la memoria porque el proceso no estaba diseñado para encontrarla.

Quién pide calma y qué interés tiene en pedirla

Tras la publicación del borrador, las organizaciones ANDA y AAP han salido a los medios a pedir tranquilidad. El director de ANDA declaró a Infobae que si el periquito estará o no en el listado «lo decide un comité científico». La responsable de políticas de AAP en España señaló que «no podemos afirmar que los periquitos no van a estar en el listado positivo» y anunció que participarán para «mejorar el texto propuesto». En otras palabras: fían la tranquilidad de propietarios y criadores a un comité cuya composición no está garantizada y a cambios en un borrador cuyo proceso ha demostrado, en la consulta pública de octubre de 2025, no incorporar ninguna de las aportaciones técnicas que lo cuestionaban.

AAP es una entidad holandesa con un presupuesto anual de más de once millones de euros y el lobbying legislativo como eje estratégico explícito. El plan estratégico 2019-2023 publicado por Eurogroup for Animals identifica España como «oportunidad política» para introducir listas positivas e indica que AAP co-ejecuta esa campaña país por país. En su informe de rendición de cuentas ante el certificador holandés de ONGs, AAP lista las listas positivas ya aprobadas en nueve países europeos como logro propio.

AAP Primadomus, su filial española, es además beneficiaria de fondos públicos europeos del Plan de Recuperación canalizados a través de la Fundación Biodiversidad para el proyecto #SAVE.EXOTICS, cuyas actividades de «sensibilización» e «incidencia política» son funcionalmente indistinguibles de su campaña de lobby. Dicho de otro modo: el contribuyente español ha cofinanciado la campaña que presiona al Gobierno español para que apruebe una norma que AAP lleva años persiguiendo.

Cuando AAP pide calma y dice que el listado positivo es positivo, no emite una opinión técnica neutral. Comunica el avance de una campaña.

ANDA forma parte junto a AAP y FAADA de la Coalición para el Listado Positivo, dentro de un ecosistema de financiación internacional vinculado a la misma red filantrópica que financia directamente a Eurogroup for Animals.

El ecosistema de apoyo: financiado por quien promueve la norma

Las organizaciones que el 27 de abril firmaron el comunicado conjunto aplaudiendo el borrador tienen algo en común además de sus posiciones sobre el listado positivo: están fuertemente financiadas por el Ministerio de Derechos Sociales —el ministerio proponente de la norma— y por el Ministerio para la Transición Ecológica, directamente o a través de la Fundación Biodiversidad, que es precisamente uno de los ministerios que debe informar preceptivamente el borrador. El Estado financia a las organizaciones que validan la política del Estado, y luego presenta ese apoyo como consenso científico e institucional independiente. No lo es. Son partes con interés documentado en el resultado, y deben ser tratadas como tales.

Dos llamadas urgentes

Al Gobierno: FAUNA pide al Ministerio de Derechos Sociales que recapacite. El camino elegido conduce a un callejón sin salida: un texto impugnable ante los tribunales europeos, unas comunidades autónomas incapaces de gestionar el volumen de expedientes que generará, y un incumplimiento masivo que reproducirá —a escala incomparablemente mayor— el fracaso de la prohibición de la pitón real: una especie prohibida sin una sola población silvestre asentada en España que justificara la medida, y cuyo único rastro administrativo fueron siete animales declarados en toda una comunidad autónoma. Hay alternativas reales, probadas y proporcionadas. Existe margen para un proceso genuinamente deliberativo. Lo que no existe es margen para aprobar este borrador tal como está.

A los ciudadanos y propietarios de animales: el plazo para presentar alegaciones al borrador del Real Decreto finaliza el 8 de mayo de 2026. Cada aportación cuenta. FAUNA anima a todos los afectados —propietarios, criadores, veterinarios, tiendas especializadas, asociaciones— a hacer llegar su posición al Ministerio antes de esa fecha. La consulta pública es el único instrumento formal disponible. Úsenlo. FAUNA te ayuda con el modelo de alegaciones que puedes descargar al final de esta entrada.

Web para alegaciones del Ministerio: https://forma.administracionel...